La competencia desleal o intrusismo se produce cuando una
persona, “sin reunir la titulación y condiciones para el ejercicio de una
profesión, actúa en trabajos propios de la misma”. Esta mala praxis puede
producir consecuencias graves, tanto para los profesionales cualificados como
para los usuarios que reciben el servicio:
- Riesgo para la seguridad y bienestar de los usuarios
- Pérdida de confianza en los profesionales afectados
- Mala calidad del servicio
- Violación de valores y principios éticos
- Impacto negativo en el desarrollo profesional
Grave perjuicio para los usuarios
Cuando una persona no cualificada lleva a cabo servicios como
terapia familiar, asesoramiento o intervención social, puede tener un impacto
negativo en la salud mental y emocional de los usuarios. El mal abordaje de los
problemas subyacentes, la falta de apoyo adecuado o de estrategias efectivas
para manejar el estrés, la ansiedad u otros problemas de salud mental pueden
intensificar los problemas en vez de resolverlos. Esto lleva al usuario a una
desconfianza en los profesionales de los servicios sociales y hace que sea más
difícil buscar ayuda en el futuro. A ello hay que añadir la pérdida de tiempo y
dinero tanto para el usuario como para los Servicios Sociales.
Garantizar el trabajo de calidad
Es importante recordar que las relaciones entre los/las
profesionales de distintos ámbitos o disciplinas deben regirse por los
principios de profesionalidad, coordinación, colaboración y respeto recíproco,
evitando la competencia desleal. Invadir las competencias de otra disciplina
profesional no sólo desacredita la profesión sino la calidad e integridad del
servicio. La aspiración de todo buen profesional debe ser la excelencia, la
superación, la mejora de los conocimientos y habilidades. No se trata de llevar
a cabo un trabajo sino de hacerlo bien, con orgullo, respetando sus
competencias y las de los demás profesionales.
El intrusismo en el procedimiento sancionador y el Código
Penal
La competencia desleal o intrusismo va en contra de los
principios y valores recogidos en los distintos códigos deontológicos, lo que
supone la posibilidad de sanciones disciplinarias.
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